El Reporte sobre México del Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Shuter, califica de emergencia nacional la situación nutricional en la que se encuentra la población. En la video-conferencia desde Ginebra, Suiza, para presentar el Reporte, De Shuter señaló que se está presentando una “Coca-Colización” del país, comentando que el consumo de refrescos entre los niños se duplicó en solamente 10 años.
En el Informe presentado, el Relator de Naciones Unidas aborda los cuatro aspectos fundamentales para el derecho a la alimentación: la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación y la sostenibilidad de los alimentos.
El caso de la “Coca-Colización” es un ejemplo claro para destacar los aspectos que señala el Relator en relación a la falta de adecuación de los alimentos para que los mexicanos podamos tener una dieta saludable y que enumeramos a continuación:
1. El Relator habla de una situación de emergencia por la epidemia de obesidad en México con 7 de cada diez adultos con sobrepeso u obesidad. Xaviera Cabada, coordinadora de salud nutricional de EPC declaró: “El consumo de refrescos marca una situación de emergencia relacionada con la de obesidad, ya que los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo. El consumo diario de refresco aumenta el riesgo de síndrome metabólico, obesidad y diabetes entre la población”.
2. Basado en datos oficiales, el Relator señala que los costos estimados de las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad alcanzaron 42 mil 246 millones de pesos para cuidados médicos y 25 mil 99 millones de pesos en muertes prematuras en 2008. Para 2017 los costos aumentarán a 78 mil millones de pesos. “De acuerdo a un análisis que está elaborando El Poder del Consumidor, estos costos, que son escandalosos, son en realidad mucho mayores”, declaró Xaviera Cabada.
3. El Relator evalúa el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria y lo califica de débil, sin objetivos amarrados en legislaciones. Señala que el Acuerdo pone el problema del sobrepeso y la obesidad en los consumidores “cuando de hecho éste depende del sistema alimentario como un todo”. La evaluación de EPC sobre el ANSA coincide con el realizado por el Relator en que es un Acuerdo y no una ley, concluyendo que ninguno de sus objetivos se ha cumplido.
4. El Relator señala que: “debido a la presión de la industria agro-alimentaria, representada por Conméxico, algunas medidas importantes para influir en los hábitos de los consumidores, incluyendo el aumento de impuestos a los refrescos y alimentos ricos en grasas trans o en azúcar, no se hicieron parte del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria”. “Conméxico se ha encargado, no sólo de eso, también de evitar que se regule la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños, de debilitar los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas dirigida a la infancia y de evitar la implementación de un etiquetado frontal en los alimentos que brinde mayor información a los consumidores”, señaló Alejandro Calvillo director de EPC.
Recomendaciones del Relator
El Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación propone una política integral que vincule las políticas agrícolas y comerciales con el combate a la pobreza y la promoción de una alimentación saludable. Pone especial atención en recomendar políticas dirigidas a fortalecer a los pequeños productores rurales y su acceso a los mercados para abastecer de productos frescos a la población. En esta dirección, EPC ha propuesto que, como en Brasil, se establezca que un porcentaje importante de los alimentos en las escuelas provenga de pequeños productores, de huertos familiares.
El relator propone se imponga un impuesto al refresco y a los productos altamente energéticos. Esta propuesta es similar a la presentada recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su documento: “Obesity update 2012”. “EPC ha propuesto un impuesto de 20% a los refrescos que generaría anualmente 2 mil 109 millones de pesos para ser destinados directamente al acceso e instalación de bebederos de agua potable en las escuelas y espacios públicos, empezando, de manera inmediata, en las comunidades más pobres del país” afirmó Alejandro Calvillo.
Otras propuestas no atendidas por el gobierno mexicano
La Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a proteger a la infancia de la publicidad de alimentos y bebidas. EPC ha demandado al gobierno cumplir con esta recomendación, sin embargo, no lo ha hecho.
La OMS ha propuesto un etiquetado frontal para los alimentos y bebidas que permita a los consumidores, de manera fácil, identificar si un producto contiene bajas, medias o altas concentraciones de azúcar, grasas y sal. No sólo no se ha implementado este tipo de etiquetado sino que se ha permitido a Conméxico desarrollar un etiquetado que engaña a los consumidores como lo ha demostrado un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública.
“Lo que más nos preocupa es que ni la clase política, ni los candidatos, ni los partidos, nadie atiende las recomendaciones, nadie tiene una propuesta para enfrentar el deterioro de la alimentación en México y sus consecuencias. Mientras, las empresas están organizadas, con muchos recursos, para evitar cualquier política que represente un riesgo para sus enormes ingresos”, concluyó Alejandro Calvillo, Director de EPC.
En el Informe presentado, el Relator de Naciones Unidas aborda los cuatro aspectos fundamentales para el derecho a la alimentación: la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación y la sostenibilidad de los alimentos.
El caso de la “Coca-Colización” es un ejemplo claro para destacar los aspectos que señala el Relator en relación a la falta de adecuación de los alimentos para que los mexicanos podamos tener una dieta saludable y que enumeramos a continuación:
1. El Relator habla de una situación de emergencia por la epidemia de obesidad en México con 7 de cada diez adultos con sobrepeso u obesidad. Xaviera Cabada, coordinadora de salud nutricional de EPC declaró: “El consumo de refrescos marca una situación de emergencia relacionada con la de obesidad, ya que los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo. El consumo diario de refresco aumenta el riesgo de síndrome metabólico, obesidad y diabetes entre la población”.
2. Basado en datos oficiales, el Relator señala que los costos estimados de las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad alcanzaron 42 mil 246 millones de pesos para cuidados médicos y 25 mil 99 millones de pesos en muertes prematuras en 2008. Para 2017 los costos aumentarán a 78 mil millones de pesos. “De acuerdo a un análisis que está elaborando El Poder del Consumidor, estos costos, que son escandalosos, son en realidad mucho mayores”, declaró Xaviera Cabada.
3. El Relator evalúa el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria y lo califica de débil, sin objetivos amarrados en legislaciones. Señala que el Acuerdo pone el problema del sobrepeso y la obesidad en los consumidores “cuando de hecho éste depende del sistema alimentario como un todo”. La evaluación de EPC sobre el ANSA coincide con el realizado por el Relator en que es un Acuerdo y no una ley, concluyendo que ninguno de sus objetivos se ha cumplido.
4. El Relator señala que: “debido a la presión de la industria agro-alimentaria, representada por Conméxico, algunas medidas importantes para influir en los hábitos de los consumidores, incluyendo el aumento de impuestos a los refrescos y alimentos ricos en grasas trans o en azúcar, no se hicieron parte del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria”. “Conméxico se ha encargado, no sólo de eso, también de evitar que se regule la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños, de debilitar los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas dirigida a la infancia y de evitar la implementación de un etiquetado frontal en los alimentos que brinde mayor información a los consumidores”, señaló Alejandro Calvillo director de EPC.
Recomendaciones del Relator
El Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación propone una política integral que vincule las políticas agrícolas y comerciales con el combate a la pobreza y la promoción de una alimentación saludable. Pone especial atención en recomendar políticas dirigidas a fortalecer a los pequeños productores rurales y su acceso a los mercados para abastecer de productos frescos a la población. En esta dirección, EPC ha propuesto que, como en Brasil, se establezca que un porcentaje importante de los alimentos en las escuelas provenga de pequeños productores, de huertos familiares.
El relator propone se imponga un impuesto al refresco y a los productos altamente energéticos. Esta propuesta es similar a la presentada recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su documento: “Obesity update 2012”. “EPC ha propuesto un impuesto de 20% a los refrescos que generaría anualmente 2 mil 109 millones de pesos para ser destinados directamente al acceso e instalación de bebederos de agua potable en las escuelas y espacios públicos, empezando, de manera inmediata, en las comunidades más pobres del país” afirmó Alejandro Calvillo.
Otras propuestas no atendidas por el gobierno mexicano
La Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a proteger a la infancia de la publicidad de alimentos y bebidas. EPC ha demandado al gobierno cumplir con esta recomendación, sin embargo, no lo ha hecho.
La OMS ha propuesto un etiquetado frontal para los alimentos y bebidas que permita a los consumidores, de manera fácil, identificar si un producto contiene bajas, medias o altas concentraciones de azúcar, grasas y sal. No sólo no se ha implementado este tipo de etiquetado sino que se ha permitido a Conméxico desarrollar un etiquetado que engaña a los consumidores como lo ha demostrado un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública.
“Lo que más nos preocupa es que ni la clase política, ni los candidatos, ni los partidos, nadie atiende las recomendaciones, nadie tiene una propuesta para enfrentar el deterioro de la alimentación en México y sus consecuencias. Mientras, las empresas están organizadas, con muchos recursos, para evitar cualquier política que represente un riesgo para sus enormes ingresos”, concluyó Alejandro Calvillo, Director de EPC.
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